En el último lustro, 187 personas fallecieron en España sin un testamento válido ni descendientes para recibir su herencia, según indica Hacienda. Estas herencias, llamadas yacentes, se producen cuando un fallecido no tiene herederos legítimos, no se les encuentra o han renunciado a la herencia. Para que estos bienes no se queden sin dueño, la legislación vigente establece que los ciudadanos conocedores de estos casos puedan denunciarlo ante la Administración Pública. En caso de que la denuncia sea correcta, los bienes se los adjudicará el Estado; asignando una parte al denunciante a modo de recompensa, denominada premio.

Tal y como indica el portal Newtral, que tuvo acceso a los datos del Ministerio de Hacienda, la Administración Pública ingresó un importe neto de 18.119.115 euros por esta vía entre 2019 y 2023. El importe líquido correspondiente a las herencias sin testamento válido ni herederos legítimos asciende a 18.899.169 euros, superando el importe ingresado. Según el artículo 7 del Real Decreto 1373/2009, se contempla un “premio” del 10% del importe de la herencia para la persona que avise al Ministerio de Hacienda.

Desde 2019, el importe otorgado en concepto de “premios” ha sido de 780.053 euros. No obstante, la ley excluye los casos en los que la persona que notifica la herencia haya tenido noticia de ella por razón de su cargo o empleo público, lo que hace que el importe otorgado en “premios” sea inferior al 10% del total de herencias.

Madrid lidera por importe las herencias que finalizan en el Ministerio de Hacienda, con 7,35 millones de euros en los últimos años, correspondientes a 33 herencias. De este total, se han otorgado 335.477 euros como “premio”. Andalucía ocupa el segundo lugar, con 3,57 millones de euros correspondientes a 51 herencias, de los cuales 84.077 euros han sido entregados a las personas que notificaron.

Además de las herencias sin testamento ni herederos legítimos, existen casos en los que las personas legan voluntariamente sus bienes al Estado. En 2023, Hacienda ingresó 2.278.115 euros mediante esta vía, provenientes de cuentas corrientes, fondos de inversión, liquidación de acciones, seguros de vida y bienes inmuebles.

Obtener la recompensa del ‘derecho a premio’ requiere una investigación exhaustiva, ya que el informante debe demostrar que el fallecido no tiene familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y conocer todos los bienes del difunto. El procedimiento empieza con un escrito a la Delegación de Hacienda de la provincia donde el fallecido tuvo su último domicilio, adjuntando documentos como el certificado de defunción y el certificado de últimas voluntades. También debe incluir un listado de bienes y derechos, así como un informe sobre las personas que administraban dichos bienes.

Una vez presentada la documentación, la Delegación de Hacienda realiza las comprobaciones necesarias para determinar los derechos del Estado sobre la herencia. Durante este proceso, la delegación conserva los bienes, inscribe los inmuebles en el Registro de la Propiedad y deposita dinero, títulos y acciones en la Caja General de Depósitos. El riesgo para el informante es que, si se encuentran familiares con derecho a la herencia, serán estos quienes la reciban, dejando al informante sin recompensa. Esto sucede en más del 95% de los casos denunciados.

Si la administración pública investiga y concluye que no hay herederos legítimos, se emite una declaración administrativa de herederos a favor del Estado. Posteriormente, la Dirección General del Patrimonio del Estado decide sobre el premio al denunciante y su cuantía. Si se cumplen todos los requisitos y se reconoce la recompensa, Hacienda la pagará al informador, quien recibirá su correspondiente parte entre cinco y ocho años después.